5. Las sanciones que se les impongan a los organizadores o participantes constituyen restricciones y, por lo tanto, deben pasar estrictamente la prueba triple

5.1 Las sanciones deben pasar la prueba triple

La prueba triple (véase la sección 4.4, que trata del derecho de reunión) no vale únicamente para las restricciones que se le impongan a una reunión antes de que se celebre, o mientras se le celebra, sino también para las restricciones que se impongan después, como pueden serlo las sanciones.

En el caso de Praded contra Belarús, por ejemplo, al autor de la comunicación se le impuso una multa administrativa al respecto de una protesta no autorizada que tuvo lugar frente a la embajada de Irán. El Comité de Derechos Humanos sostiene que se debe demostrar la proporcionalidad de esa multa:

…si bien velar por la seguridad de la embajada de un país extranjero puede considerarse un propósito legítimo para restringir el derecho de reunión pacífica, el Estado parte debe justificar que la detención del autor y la imposición de una multa administrativa a este eran necesarios y proporcionales a dicho propósito ^[1]

El punto de partida es que la imposición de cualquier sanción –sin importar cuán pequeña sea– constituye una restricción de un derecho y, por lo tanto, debe tener una clara justificación. El TEDH ha manifestado repetidas veces que no se debe imponer ni siquiera sanciones minimas a quienes participen en una reunión que no se haya prohibido, a menos que el acusado personalmente haya cometido un «acto reprobable»:

…La libertad de participar en una reunión pacífica es de tal importancia que nadie puede quedar sujeto a ninguna sanción –ni siquiera una sanción nimia en la escala de los castigos disciplinarios– por su participación en una manifestación que no se haya prohibido, en tanto esa persona no haya cometido ningún acto reprobable en esa ocasión ^[2]

Entre los actos que el TEDH ha considerado «reprobables» están apedrear a la Policía ^[3] , incitar a violencia entre etnias ^[4] y dañar la propiedad de terceros ^[5] . No se comete un acto reprobable por no rechazar una asamblea cuando otros recurren a actos como los descritos ^[6] . Hace poco el TEDH aceptó que obstruir carreteras principales desconociendo las órdenes de la Policía también puede calificarse de reprobable ^[7] . El Relator Especial de las Naciones Unidas lamentó esa decisión ^[8] .

De haber fundamento para imponer una sanción, el TEDH escruta si se justifican la naturaleza (penal o administrativa) y la severidad de la sanción o sanciones:

La naturaleza y la severidad de las sanciones que se impongan también son factores que se habrá de tomar en cuenta cuando se valore la proporcionalidad de una interferencia con respecto al objetivo que se perseguía.^[9]

Al respecto de las multas onerosas, el Tribunal ha advertido que, incluso si en la práctica no se les impone, ellas «conducen a crear un efecto intimidatorio en el recurso legítimo a la protesta»^[10]

5.2 En principio, el derecho penal no debe usarse como respuesta a una reunión pacífica

En todo el mundo crece la preocupación al respecto de la criminalización de quienes ejercen su derecho de reunión; preocupación esta que ha sido expresada, entre otros, por el Relator Especial de las Naciones Unidas ^[11] . «Criminalización» significa la toma de medidas administrativas o penales para sancionar a quienes organizan reuniones o participan en ellas ^[12] .

Buen número de tribunales y mecanismos internacionales han dejado en claro que la aplicación de sanciones penales o administrativas contra quienes organicen o participen en reuniones pacíficas amerita un escrutinio particular: En principio, no debería existir riesgo de sanciones por participar en reuniones. Esto vale aún más para la imposición de sentencias de prisión.

La posición del TEDH es la siguiente:

Cuando las sanciones que se imponen a los manifestantes son de naturaleza penal, exigen una justificación particular. En principio, una manifestación pacífica no debe quedar sometida a la amenaza de sanciones penales, entre las que sea notoria la privación de la libertad. Por tanto, debe el Tribunal examinar en particular detalle los casos en que las sanciones que impongan las autoridades nacionales por conducta no violenta comporten una sentencia de prisión ^[13]

El TEDH ha hecho notar que en algunos sistemas legales el derecho administrativo se usa para castigar delitos cuya naturaleza es penal. Allí donde las sanciones que se impongan tengan naturaleza punitiva y disuasoria, y, en particular, cuando se prive de la libertad, incluso por breve tiempo, el Tribunal clasifica las medidas de «penales» aunque en las leyes nacionales se les considere administrativas ^[14] .

La CIDH publicó un amplio informe, que trata de la «Criminalización del trabajo de las defensoras y defensores de los derechos humanos», en que expresa su preocupación por el uso excesivo del derecho penal en un buen número de contextos, incluso como respuesta a las protestas. En particular, manifiesta su

…preocupación sobre la existencia de disposiciones penales que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, los cortes de ruta (a cualquier hora y de cualquier tipo) o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida, la seguridad o la libertad de las personas.^[15]