Panama communications: May 1, 2011 to February 28, 2017

This page summarizes cases raised with Panama by the Special Rapporteur between May 1, 2011, (when the Special Rapporteur took up his functions) and February 28, 2017 (the date of the last public release of communications). Communications are released to the public once per year. This page also contains observations on these communications and on responses received from Panama.

Communications and observations are divided into sections based upon which observation report they originally appeared.

Each communication is referenced as urgent appeal (UA), allegation letter (AL), joint urgent appeal (JUA) and joint allegation letter (JAL) – the hyperlinks lead to these documents. This is followed by the date the communication was issued, as well as the case number and the State reply (also hyperlinked if available).

Summaries and communications are published only in the language of submission (in the case of Panama, Spanish).

First Report (May 1, 2011 to March 15, 2012)

None

Second Report (March 16, 2012 to February 28, 2013)

Joint allegation letter, 04/01/2013. Case no. PAN 7/2012. State Reply: None to date. Presunta violencia policial, actos de tortura, abuso racista y denegación del acceso a la salud en respuesta a manifestaciones pacíficas en contra de la Ley reorganizadora de la Zona Libre de Colón.

Observaciones
El Relator lamenta no haber recibido respuesta por parte del Gobierno a la carta de alegaciones con fecha de 4 de enero de 2013 (PAN 7/ 2012) enviada conjuntamente con otros expertos independiente de la ONU, en la cual expresaba su preocupación por las graves alegaciones recibidas respecto de la conducta de las fuerzas de orden público en el contexto de diversas manifestaciones que tuvieron lugar entre los días 19 y 26 de octubre de 2012.

En dicha comunicación, el Relator, junto con otros expertos independientes de la ONU, mostraba su preocupación por las alegaciones acerca de diversas violaciones del derecho a la libertad de asamblea pacífica, especialmente sobre alegaciones referidas al excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Este comportamiento ocasionó víctimas mortales, presuntos malos tratos de detenidos, incluyendo actos de tortura, y denegación de acceso a atención médica y jurídica. El Relator considera que las alegaciones son muy graves y exhorta al Gobierno a proporcionar una respuesta detallada, incluyendo información sobre las investigaciones para identificar y castigar debidamente a los presuntos autores de las violaciones así como sobre las reparaciones a las víctimas y sus familiares.

Se reitera el contenido del párrafo operativo 1 de la Resolución 21/16 del Consejo de Derechos Humanos donde se “[r]ecuerda a los Estados su obligación de respetar y proteger plenamente los derechos de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación por cualquier vía, electrónica o no, también en el contexto de unas elecciones, incluidos los de las personas que abracen convicciones o creencias minoritarias o disidentes, los defensores de los derechos humanos, las personas afiliadas a sindicatos y otras personas, incluidos los migrantes, que traten de ejercer o promover esos derechos, y a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier restricción al libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación sea conforme con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.”