Former UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association (2011-17) 15. El derecho a observar y grabar reuniones, incluidos los operativos dirigidos a hacer cumplir la ley - Former UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association (2011-17)

La presencia de periodistas, gestores y otros supervisores cumple un papel clave en garantizar que el personal de seguridad rinda cuentas por lo ocurrido en la gestión de las reuniones muy numerosas. La Gran Sala del TEDH ha afirmado que las autoridades no deben evitar ni obstruir deliberadamente que los medios de comunicación puedan cubrir una manifestación ^[1] .

En el caso de Pentikäinen contra Finlandia [ haga clic aquí para ver la explicación completa del caso ] , el TEDH manifestó que:

Se debe subrayar cuán crucial es el papel que cumplen los medios de comunicación en dar información al respecto de la manera en que las autoridades manejan las manifestaciones públicas y contienen los desórdenes. El papel de «perro guardián» que cumplen los medios de comunicación adquiere particular importancia en esos contextos porque su presencia es una garantía de que las autoridades podrán ser llamadas a cuentas por la conducta que tengan con respecto a los manifestantes y el público en general cuando gestionen reuniones numerosas y por los métodos que usen para controlar o dispersar a los manifestantes o para mantener el orden público. Cualquier intento de expulsar a los periodistas de la escena de una manifestación debe, por tanto, quedar sujeto a un estricto escrutinio ^[2] .

La Corte IDH también ha puesto de relieve el papel que cumplen los periodistas en hacer que las autoridades rindan cuentas. En el caso de Vélez Restrepo y familia contra Colombia, un periodista filmó a soldados del Ejército colombiano que golpeaban a un manifestante indefenso durante una manifestación. Varios soldados atacaron entonces al periodista y le causaron lesiones serias mientras intentaban arrebatarle su cassette (sin que lo lograran); y destruyeron su cámara. La Corte IDH encontró que:

…el contenido de la información que se encontraba grabando el señor Vélez Restrepo era de interés público. El señor Vélez Restrepo captó imágenes de militares que participaban en actividades de control de la manifestación… La difusión de esa información permitía a sus destinatarios constatar y controlar si en la manifestación los miembros de la Fuerza Pública estaban cumpliendo de forma adecuada sus funciones y estaban haciendo un uso adecuado de la fuerza. Esta Corte ha destacado que «[e]l control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública»^[9] .

La Corte después concluyó que el ataque contra Vélez Restrepo violó sus derechos a la integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión. También encontró varias otras violaciones que tenían su origen en que el Estado no cumplió su deber de investigar el ataque y actuar contra las amenazas y el acoso que posteriormente se dirigieron contra Vélez Restrepo ^[10] .

En el mismo sentido, los Relatores Especiales de las Naciones Unidas y varios mecanismos regionales de derechos humanos también han puesto de relieve que existe el derecho de observar y grabar las reuniones y de diseminar las grabaciones ^[11] .

Cuando decidan dispersar una reunión, las autoridades no deben impedir que nadie las observe o las grabe. En las Directrices sobre la Libertad de Reunión Pacífica de la OSCE/OIDDH se manifiesta que:

A las terceras partes (como supervisores, gestores y fotógrafos) se les puede pedir que se dispersen, pero no se les debe impedir que observen y graben el operativo policial ^[12] .

La CADHP ha adoptado un punto de vista similar ^[13] .

15.1. Quienes no son periodistas, ¿Tienen los mismos derechos que la prensa?

Tanto la Corte IDH como el TEDH han manifestado en términos generales que los periodistas profesionales no deben gozar de ningún privilegio especial en comparación con otras personas que desempeñen una función similar. La Gran Sala del TEDH ha afirmado que los «guardianes públicos» (término que comprende a las organizaciones no gubernamentales, los investigadores académicos, los escritores, los blogueros y los usuarios de las redes sociales) deben disfrutar de la misma protección de que goza la prensa cuando informa de asuntos de interés público ^[14] . En una opinión consultiva, la Corte IDH ha adoptado el punto de vista de que la práctica del periodismo es derecho de toda persona, que no debe estar sujeta a requisitos formales como los de recibir licencia o ser miembro de una asociación profesional ^[15] .

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y su homólogo, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraria, manifiestan sin ambigüedades que «toda persona, sin excepción» tiene derecho a grabar durante las reuniones, y que toda persona debe gozar de protección:

Todas las personas, ya sean participantes, supervisores u observadores, tienen derecho a grabar una reunión, lo cual incluye grabar la operación de mantenimiento del orden. También pueden grabar una interacción en la que esa persona es, a su vez, grabada por un agente público, a lo cual se ha denominado en ocasiones derecho de «retrograbación». El Estado debería proteger ese derecho ^[16] .

15.2. ¿Las autoridades pueden confiscar las grabaciones de las reuniones?

Una orden de entregar las grabaciones de una reunión a las autoridades constituye una interferencia con el derecho a la libertad de expresión ^[17] ; y esa interferencia debe pasar la misma prueba triple que se aplica a las limitaciones a la libertad de reunión pacífica.

En primer lugar, no se debe emitir ninguna orden, a menos que haya un claro fundamento legal. Los funcionarios que incauten grabaciones en el mismo sitio de la grabación incumplen este requisito, a menos que la ley claramente les faculte para proceder así. El Relator Especial de las Naciones Unidas subraya la importancia del debido proceso:

La confiscación, la incautación y/o la destrucción de notas y material de grabación sonora o audiovisual, sin las debidas garantías procesales, deberían estar prohibidas y ser castigadas ^[18] .

En segundo lugar, la orden de incautación debe tener un objetivo legítimo, como la investigación de un delito que se haya cometido durante la reunión. Una incautación cuyo objetivo sea ocultar los actos de las autoridades no satisface este requisito. Y en tercer y último lugar, la incautación debe satisfacer los requisitos de necesidad y proporcionalidad.

Sin embargo, la Comisión Europea de Derechos Humanos ha aclarado que el derecho privilegiado de los periodistas y otros guardianes de proteger sus fuentes confidenciales de información no vale cuando se reciba una orden judicial de entregar las grabaciones de las reuniones, puesto que cuando se hacen grabaciones en público no está en juego ningún secreto ni deber de confidencialidad ^[19]