Former UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association (2011-17) 14. El deber de investigar efectivamente las violaciones al derecho a la libertad de reunión pacífica - Former UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association (2011-17)

La circunstancia de que sucedan violaciones de los derechos humanos mientras se lleve a cabo una reunión da origen a que las autoridades tengan el deber de investigar. A este respecto, en el Informe conjunto sobre la adecuada gestión de las manifestaciones se indica que:

Los Estados deben investigar de manera rápida y eficaz todas las acusaciones de violaciones en el contexto de reuniones por conducto de órganos independientes e imparciales ^[1] .

Este deber adquiere notablemente más importancia cuando se producen muertes o lesiones. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a:

…que investiguen cualquier caso de muerte o lesiones provocadas durante manifestaciones, incluidas las que sean resultado de disparos de armas de fuego o del uso de armas no letales por parte de funcionarios de las fuerzas del orden ^[2] .

La jurisprudencia de un gran número de tribunales y mecanismos internacionales confirma la obligación legal de investigar las muertes, lesiones y tratos inhumanos o degradantes que se produzcan en relación a las reuniones ^[3] . En este particular, el TEDH ha afirmado que:

…para que la prohibición general de los homicidios arbitrarios y de la tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes dirigida principalmente a los agentes públicos sea eficaz en la práctica, es necesario un proceso que permita bien controlar la legalidad del recurso a la fuerza asesina por las autoridades del Estado, bien investigar sobre los homicidios arbitrarios y las alegaciones de malos tratos infligidas a una persona que se encuentra entre sus manos.

Así, teniendo en cuenta el deber general que incumbe al Estado en virtud del artículo 1 del Convenio de «reconocer a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos [en el ] Convenio», las disposiciones de los artículos 2 y 3 requieren por implicación que se lleve a cabo una investigación oficial efectiva, tanto cuando el recurso a la fuerza, principalmente por agentes del Estado, supone la muerte de un hombre…, como cuando un individuo afirma de manera defendible haber sufrido, por parte de la policía o de otros servicios comparables del Estado, un trato contrario al artículo 3 [del Convenio].^[4] .

El deber de investigar muertes o malos tratos se aplica sin que importe que la responsabilidad sea de representantes del gobierno o de actores privados ^[5] . Es importante hacer notar que una indemnización por daños no puede tomar el lugar del deber de investigar ^[6] . Este deber generalmente sólo se puede cumplir mediante el derecho penal ^[7] .

El TEDH ha subrayado que el deber de investigar se aplica a cualquier manifestación, «sin que importe cuán ilegal haya sido»^[8] .

14.1 ¿Qué suscita el deber de investigar?

Las autoridades deben iniciar una investigación en cuanto tengan conocimiento de un alegato creíble de que se ha cometido una violación de los derechos humanos.

Al respecto de los casos en que se producen muertes, el TEDH ha sostenido que automáticamente crean el deber de investigar:

Basta el mero conocimiento de una muerte causada por las autoridades para que, ipso facto, se cree, en los términos de lo que se dispone en el Artículo 2 del Convenio, la obligación de llevar a cabo una investigación de las circunstancias que rodeen la muerte ^[9] .

En otras palabras, no se debe dejar que la iniciativa corra por cuenta de los familiares de la víctima:

Las autoridades deben actuar por iniciativa propia una vez que el asunto se vuelve de su conocimiento. No pueden dejar la presentación de una queja formal ni la responsabilidad por la conducción de ningún procedimiento investigativo a la iniciativa de los parientes(…)^[10] .

Cuando se alegue maltrato, la víctima no tiene que demostrar los hechos; si se presenta una acusación que quepa concebir como verdadera y dé lugar a sospechas razonables, las autoridades deben investigar:

Este Tribunal reitera que en el Artículo 3 de la Convención se exige que las autoridades investiguen los alegatos de maltrato cuando «quepa concebir que sean verdaderos» y «den lugar a sospechas razonables»^[11] .

El Comité de Derechos Humanos y el TEDH han afirmado que las circunstancias y la severidad del maltrato, como la duración y la manera del tratamiento, sus efectos físicos o mentales, así como el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima determinan si automáticamente se origina el deber de investigar; por ejemplo, cuando constituye tortura o trato inhumano o degradante ^[12] . Ni los tribunales ni los mecanismos internacionales han definido precisamente cuáles son esas condiciones. Sin embargo, el deber de investigar no se limita al maltrato físico, sino que también abarca las humillaciones, la discriminación y las intimidaciones ^[13] .

14.2 ¿Qué requisitos debe satisfacer una investigación?

Efectividad

El deber de investigar sólo puede satisfacerse si la investigación es efectiva. Una investigación es efectiva si puede revelar la verdad de lo sucedido ^[14] . Su objetivo debe ser revelar la identidad de los perpetradores, castigarlos y de ese modo rendir cuentas ante las víctimas y darles reparación ^[15] . En palabras de la Corte IDH:

En un período razonable de tiempo, la facultad del acceso a la justicia debe garantizarles a las supuestas víctimas o a sus parientes que se hará todo lo posible para que se conozca la verdad de lo ocurrido y que se castigue a las posibles partes responsables ^[16] .

El TEDH agrega que la investigación debe hacer posible conocer «si la fuerza que se usó en esos casos se justificaba o no en esas circunstancias»^[17] . Cada caso es distinto y las circunstancias, junto con las «realidades prácticas» determinan «la naturaleza y el grado del escrutinio» que satisfaga el deber de investigar efectivamente ^[18] . Sin embargo, este deber no es «una obligación en cuanto a los resultados que se vayan a lograr, sino en cuanto a los medios que se habrán de emplear»^[19] .

Un primer paso de cualquier investigación efectiva es la protección de todo lo que pudiere constituir evidencia. La CIDH y la Corte IDH han indicado que las autoridades que estén a cargo de investigar deben preservar las comunicaciones que existan entre el personal que haya participado en un operativo y los originales de cualquier grabación o imagen que se haya tomado en el lugar ^[20] . Además, en caso de fallecimientos, deben:

a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. La escena del crimen deberá ser estudiada con exhaustividad, debiéndose practicar autopsias y análisis de restos humanos, por profesionales competentes y empleando procedimientos rigurosos y adecuados ^[21] .

De la misma manera, el TEDH también exige que las autoridades tomen las

las medidas razonables que estén a su alcance para proteger la evidencia que concierna al incidente, lo cual incluye, entre otras cosas, los testimonios de los testigos oculares, la evidencia forense y, donde corresponda, una autopsia que presente un registro completo y exacto de las lesiones y un análisis objetivo de los hallazgos clínicos, con inclusión de la causa de la muerte ^[22] .

En los casos en que se alegue tortura o maltrato se deberá contar con un informe médico que cumpla las directrices y protocolos internacionales relevantes ^[23] .

De caber la posibilidad de que se haya intentado discriminar, la investigación debe tratar de revelarlo así. En el caso de M.C. y A.C. contra Rumania a los manifestantes se les convirtió en blancos y sufrieron ataques de particulares a su regreso de una marcha a favor de los derechos de los homosexuales. El TEDH afirmó que:

Cuando investiguen incidentes violentos, como maltrato, las autoridades de los Estados tendrán el deber de tomar todas las medidas razonables para develar cualquier motivo que tenga que ver con discriminación… Las autoridades deben hacer todo lo que sea razonable en las circunstancias para recoger y proteger la evidencia; explorar todos los medios practicables para descubrir la verdad; y tomar decisiones plenamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que pudieren indicar que la violencia fue inducida, por ejemplo, por intolerancia racial o religiosa o violencia por motivo de discriminación de género. Tratar la violencia y la brutalidad que resulten de actitudes discriminatorias en plano de igualdad con la violencia que se da en casos que no tengan esos tintes sería igual a no querer ver la naturaleza concreta de actos que son particularmente destructivos de los derechos fundamentales ^[24] .

Celeridad

Es importante que las investigaciones se conduzcan de manera que se conserve la confianza pública en las autoridades de los Estados, especialmente en los casos en que estén involucradas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Por ello, la investigación debe iniciar y concluir en un tiempo razonable ^[25] . Entre las conductas que violan el requisito de celeridad están: Demorarse en el tomar las declaraciones de testigos claves ^[26] , posponer repetidamente las audiencias por errores de procedimiento ^[27] y prolongar excesivamente los procedimientos judiciales ^[28] . Las autoridades no pueden demorar los procedimientos con la esperanza de que prescriban ^[29] .

El TEDH ha subrayado la importancia social que tiene investigar con celeridad las muertes que se produzcan en medio de protestas, incluso cuando los casos son complejos. En el caso de Mocanu y otros contra Rumania, que se decidió en 2014, el Tribunal comentó en particular la incapacidad de concluir las investigaciones de las muertes a balazos de

Reconociendo que el asunto presenta una complejidad indudable, que el propio Gobierno señaló, el Tribunal estima que lo que está en juego política y socialmente invocado por éste último no podría justificar un plazo tan largo. Al contrario, la importancia de lo que está en juego para la sociedad rumana debería haber incitado a las autoridades internas a tratar el sumario con celeridad con el fin de prevenir cualquier apariencia de tolerancia de los actos ilegales o de colusión en su perpetración ^[30] .

Para concluir, el Estado no debe promulgar disposiciones que en efecto eviten que los perpetradores rindan cuentas, como la amnistías o leyes de prescripción inflexibles:

El Tribunal juzgó igualmente que, en materia de tortura o de malos tratos infligidos por agentes del Estado, la acción penal no debería extinguirse por el efecto de la prescripción, así como la amnistía y la gracia no debería ser toleradas en este ámbito… Además, la aplicación de la prescripción debería ser compatible con las exigencias del Convenio. En consecuencia, es difícil aceptar los plazos de prescripción inflexibles que no sufran ninguna excepción ^[31] .

Independencia

Para que sea efectiva y mantenga la confianza pública en el Estado, una investigación también debe ser independiente, en particular cuando estén implicados funcionarios que estén a cargo de hacer cumplir la ley. De acuerdo al TEDH:

De manera general, se puede considerar que para que una investigación sobre un supuesto homicidio ilícito cometido por funcionarios del Estado sea efectiva, es necesario que las personas encargadas sean independientes de las personas implicadas… Esto supone, además de la ausencia de cualquier relación jerárquica o institucional, también una independencia práctica ^[32] .

De acuerdo a la Corte IDH, los tribunales y fiscales militares no son los apropiados para conducir una investigación efectiva:

…la Corte ha establecido que los recursos ante el fuero militar no son efectivos para resolver casos de graves violaciones a los derechos humanos y mucho menos para establecer la verdad, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas, puesto que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por diversas circunstancias resulten ilusorios, como cuando existe una carencia de independencia e imparcialidad del órgano judicial ^[33] .

El TEDH también ha criticado las investigaciones que los fiscales militares llevan a cabo en casos de violaciones de derechos humanos que supuestamente fueron cometidas por terceros que también pertenecen a la jerarquía militar ^[34] . Por otro lado, el Tribunal Europeo aceptó una situación en que la Policía llevó a cabo ciertos pasos de una investigación, aunque los acusados eran oficiales de policía, por cuanto no se alteró la imparcialidad ni la independencia de la investigación ^[35] . No debe existir una línea jerárquica que una a los funcionarios que investiguen y los funcionarios sujetos a una investigación ^[36] .

Accesibilidad al público y a los parientes de las víctimas

Para bien de la confianza pública y de la efectividad, las investigaciones también deben dar lugar al escrutinio público.

En el Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (el «Protocolo de Estambul») se indica que:

Las presuntas víctimas de torturas o malos tratos y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, y tendrán acceso a ellas, así como a toda la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas ^[37] .

El TEDH ha adoptado el mismo punto de vista ^[38] , y ha añadido que debe existir «un elemento suficiente de escrutinio público de la investigación»^[39] . Si la investigación concierne una muerte que se haya producido en el curso de una reunión, la familia de la víctima debe tener acceso a la misma. Ese acceso no es ilimitado; debe concederse «en la medida necesaria de salvaguarda de sus intereses legítimos»^[40] . También se debe tener en consideración los posibles efectos perjudiciales que esto puede tener en otros particulares o en otras investigaciones, lo cual puede conducir a que el acceso se dé, pero en etapas posteriores del procedimiento ^[41] .

Sanciones contra los responsables de muertes ilegales, torturas o malos tratos

Las investigaciones son adecuadas sólo si su resultado es que quienes sean responsables de muertes ilegales, torturas o maltrato sean sancionados a un grado suficiente para garantizar un efecto disuasivo. El TEDH ha afirmado que:

Si las autoridades pudieren confinar su reacción a los incidentes de maltrato deliberado de parte de funcionarios del Estado al mero pago de una indemnización, y a la vez no hicieren lo suficiente para iniciar causa judicial contra los responsables y sancionarlos, en algunos casos será posible que los funcionarios del Estado abusen con virtual impunidad de los derechos de quienes estén bajo su control… Se considera decisivo el resultado de las investigaciones y de los subsiguientes procesos penales y de las sanciones que se impongan y las medidas disciplinarias que se tomen. Es vital para garantizar que no se socave el efecto disuasivo del sistema judicial y el significado del papel que él debe jugar en evitar violaciones a la prohibición de dar maltrato ^[42] .

La CIDH también enfatiza que los Estados tienen « la obligación internacional de los Estados de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los agentes del orden responsables de violaciones a los derechos a la vida y libertad personal»^[43] .

Las sanciones penales no sólo se deben aplicar a los funcionarios a cargo de hacer cumplir la ley que hayan usado la fuerza de forma ilegal, sino también a cualquier superior que no tome las medidas que tenga a su alcance para evitar, suprimir o notificar ese abuso ^[44] .

Se debe suspender al funcionario del Estado que enfrente acusaciones penales como resultado de la investigación de una lesión o una muerte en el curso de una reunión; y, en caso de que se le declare culpable, deberá ser despedido. El TEDH ha manifestado que:

En caso de que un funcionario del Estado sea acusado de crímenes que impliquen tortura o mal trato, es de suma importancia que se le suspenda de sus deberes mientras duren las investigaciones y el juicio; y deberá ser despedido en caso de que se le halle culpable ^[45] .

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/31/66. 4 de febrero de 2016; párrafo 90. ↑
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/RES/22/10, adoptado a 9 de abril de 2013; párrafo 9. ↑
Véase, por ejemplo, Florentina Olmedo contra Paraguay. Comité de Derechos Humanos. Dictamen de 22 de marzo de 2012. Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/104/D/1828/2008, párrafo 7.5; Ernesto Benítez Gamarra contra Paraguay. Comité de Derechos Humanos. Dictamen de 22 de marzo de 2012. Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/104/D/1829/2008; párrafo 7.5; Iniciativa Egipcia pro Derechos Personales e INTERIGHTS contra Egipto. TADHP. Decisión de 12 de octubre de 2013; párrafo 208; Velásquez-Rodríguez contra Honduras. Corte IDH. Sentencia de 21 de julio de 1989; párrafo 174; Mocanu y otros contra Rumania. TEDH. Sentencia de 17 de septiembre de 2014; párrafos 316-317. Hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
Mocanu y otros contra Rumania. TEDH. Sentencia de 17 de septiembre de 2014; párrafos 316-317 (se omiten las referencias). Hay una traducción no oficial a español en este enlace. Véase también, entre otros, McCann y otros contra el Reino Unido. TEDH. Sentencia de 27 de septiembre de 1995; párrafo 161 . Hay una traducción no oficial a español en este enlace; Labita contra Italia. TEDH. Sentencia de 6 de abril de 2000; párrafo 131 Hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
Iniciativa Egipcia pro Derechos Personales e INTERIGHTS contra Egipto. TADHP. Decisión de 12 de octubre de 2013; párrafos 156-157; Velásquez-Rodríguez contra Honduras. Corte IDH. Sentencia de 21 de julio de 1989; párrafos 172 y 176; M. C. y A. C. contra Rumania. TEDH. Sentencia de 12 de julio de 2016; párrafos 110-111; Rod contra Croacia. TEDH. Decisión de 18 de septiembre de 2008; párrafo 1. ↑
Véase Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (adoptado en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana [Cuba] del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Documento de las Naciones Unidas A/CONF.144/28/Rev.1 at 112; princi pio 7; Tahirova contra Azerbaiyán. TEDH. Sentencia de 3 de octubre de 2013; párrafos 71-75. ↑
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (adoptado en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana [Cuba] del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Documento de las Naciones Unidas A/CONF.144/28/Rev.1 at 112; principio 7; Bautista de Arellana contra Colombia. Comité de Derechos Humanos. Dictamen de 27 de octubre de 1995. Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/55/D/563/1993; párrafo 2; CIDH: Informe anual 2015. 17 de marzo de 2016. Capítulo IV-A; párrafo 728; Jeronovičs contra Letonia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 5 de julio de 2016; párrafos 76 y 104-105. ↑
Güleç contra Turquía. TEDH. Sentencia de 27 de julio de 1998; párrafo 71. Hay una traducción no oficial a español de este caso en este enlace. ↑
Ergi contra Turquía. TEDH. Sentencia de 28 de julio de 1998; párrafo 82. Hay una traducción no oficial a español del resumen del caso en este enlace. Véase también Miguel Castro contra Perú. CIDH. Sentencia de 25 de noviembre de 2006; párrafo 256. ↑
Solomou y otros contra Turquía. TEDH. Sentencia de 24 de junio de 2008; párrafo 80. ↑
Dilek Aslan contra Turquía. TEDH. Sentencia de 20 de octubre de 2015; párrafo 53 (se omiten las referencias). Véase también Khashiyev y Akayeva contra Rusia. TEDH. Sentencia de 24 de febrero de 2005; párrafo 177. ↑
Vuolanne contra Finlandia. Comité de Derechos Humanos. Dictamen de 7 de abril de 1989. Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/35/D/265/1987; párrafo 9.2; Irlanda contra el Reino Unido. TEDH. Sentencia de 18 de enero de 1978; párrafo 162 . Hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
R. B. contra Hungría. TEDH. Sentencia de 12 de abril de 2016; párrafos 43-45. ↑
Véase, por ejemplo, Iniciativa Egipcia pro Derechos Personales e INTERIGHTS contra Egipto. TADHP. Decisión de 12 de octubre de 2013; párrafo 230; Miguel Castro contra Perú. CIDH. Sentencia de 25 de noviembre de 2006; párrafo 256; Korobov y otros contra Estonia. TEDH. Sentencia de 28 de marzo de 2013; párrafo 113. ↑
Véase, por ejemplo, Hermanos Landaeta Mejías y otros contra Venezuela. Corte IDH. Sentencia de 27 de agosto de 2014; párrafo 143; Nadege Dorzema y otros contra la República Dominicana. Corte IDH. Sentencia de 24 de octubre de 2012; párrafo 100; Mc Kerr contra el Reino Unido. TEDH. Sentencia de 4 de mayo de 2001; párrafo 121. Hay una traducción no oficial a español en este enlace; Khashiyev y Akayeva contra Rusia. TEDH. Sentencia de 24 de febrero de 2005; párrafo 177. ↑
Miguel Castro contra Perú. CIDH. Sentencia de 25 de noviembre de 2006; párrafo 382. ↑
Miguel Castro contra Perú. CIDH. Sentencia de 25 de noviembre de 2006; párrafo 382. ↑
Giuliani y Gaggio contra Italia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 24 de marzo de 2011; párrafo 302. Hay una versión no oficial en español en este enlace. ↑
Véanse, entre otros, M. C. y A. C. contra Rumania. TEDH. Sentencia de 12 de julio de 2016; párrafo 111; Khashiyev y Akayeva contra Rusia. TEDH. Sentencia de 24 de febrero de 2005; párrafo 154; Solomou y otros contra Turquía. TEDH. Sentencia de 24 de junio de 2008; párrafo 81; Giuliani y Gaggio contra Italia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 24 de marzo de 2011; párrafo 301. Hay una versión no oficial en español en este enlace; Miguel Castro contra Perú. CIDH. Sentencia de 25 de noviembre de 2006; párrafo 255. ↑
CIDH: Informe anual 2015. 17 de marzo de 2016. Capítulo IV-A; párrafo 230. ↑
CIDH: Informe anual 2015. 17 de marzo de 2016. Capítulo IV-A; párrafo 234. Véase también Myrna Mack Chang contra Guatemala. Corte IDH. Sentencia de 25 de noviembre de 2003; párrafo 166; Caso de la «Masacre de Mapiripán» contra Colombia. Corte IDH. Sentencia de 15 de septiembre de 2005; párrafo 227. ↑
Solomou y otros contra Turquía. TEDH. Sentencia de 24 de junio de 2008; párrafo 81. ↑
Véanse Dilek Aslan contra Turquía. TEDH. Sentencia de 20 de octubre de 2015; párrafo 57, que hace referencia al Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (el «Protocolo de Estambul»). ↑
M. C. y A. C. contra Rumania. TEDH. Sentencia de 12 de julio de 2016; párrafo 113 (se omiten las referencias). ↑
Véanse, entre otros, Solomou y otros contra Turquía. TEDH. Sentencia de 24 de junio de 2008; párrafo 82; Pastor y Ticlete contra Rumania. TEDH. Sentencia de 19 de abril de 2011; párrafos 69-71; M. C. y A. C. contra Rumania. TEDH. Sentencia de 12 de julio de 2016; párrafos 111-112; véase también la Observación General número 30 del Comité de Derechos Humanos en la Recopilación de Observaciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos de Derechos Humanos Creados en Virtud de Tratados. Documento de las Naciones Unidas HRI/GEN/1/Rev.1; página 30; párrafo 14. ↑
Véase, por ejemplo, Dilek Aslan contra Turquía. TEDH. Sentencia de 20 de octubre de 2015; párrafo s 56 y 58. ↑
Pastor y Ticlete contra Rumania. TEDH. Sentencia de 19 de abril de 2011; párrafos 76 y 77-79. ↑
Véanse, por ejemplo, Florentina Olmedo contra Paraguay. Comité de Derechos Humanos. Dictamen de 22 de marzo de 2012. Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/104/D/1828/2008, párrafo 7.5 (la investigación no se había concluido después de casi nueve años), Pastor y Ticlete contra Rumania (16 años) o Mocanu y otros contra Rumania (23 años). De este último caso hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
Véanse, entre otros, Mocanu y otros contra Rumania. TEDH. Sentencia de 17 de septiembre de 2014; párrafo 346. Hay una traducción no oficial a español en este enlace ; Asociación «21 de diciembre de 1989» contra Rumania. TEDH. Sentencia de 24 de mayo de 2011; párrafo 144. ↑
Mocanu y otros contra Rumania. TEDH. Sentencia de 17 de septiembre de 2014; párrafo 338. Hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
Mocanu y otros contra Rumania. TEDH. Sentencia de 17 de septiembre de 2014; párrafos 326. Hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
Giuliani y Gaggio contra Italia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 24 de marzo de 2011; párrafo 300. Hay una versión no oficial en español en este enlace. Véase también Solomou y otros contra Turquía. TEDH. Sentencia de 24 de junio de 2008; párrafo 81. ↑
Nadege Dorzema y otros contra la República Dominicana. Corte IDH. Sentencia de 24 de octubre de 2012; párrafo 189 ; véanse también los párrafos 29 y 247. ↑
Pastor y Ticlete contra Rumania. TEDH. Sentencia de 19 de abril de 2011; párrafo 74 ; Mocanu y otros contra Rumania. TEDH. Sentencia de 17 de septiembre de 2014; párrafos 320 y 333. Hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
Giuliani y Gaggio contra Italia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 24 de marzo de 2011; párrafo 324. Hay una versión no oficial en español en este enlace. ↑
Mc Kerr contra el Reino Unido. TEDH. Sentencia de 4 de mayo de 2001; párrafos 128 y 157. Hay una traducción no oficial a español en este enlace ↑
Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; párrafo 81. ↑
El-Masri contra la Ex-República Yugoslava de Macedonia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 13 de diciembre de 2012; párrafo 185 . Hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
Giuliani y Gaggio contra Italia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 24 de marzo de 2011; párrafo 303. Hay una versión no oficial en español en este enlace. ↑
Giuliani y Gaggio contra Italia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 24 de marzo de 2011; párrafo 303. Hay una versión no oficial en español en este enlace. ↑
Giuliani y Gaggio contra Italia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 24 de marzo de 2011; párrafo 304. Hay una versión no oficial en español en este enlace. ↑
Jeronovičs contra Letonia. TEDH. Sentencia de la Gran Sala de 5 de julio de 2016; párrafos 105-106. ↑
CIDH: Informe anual 2015. 17 de marzo de 2016. Capítulo IV-A; párrafo 235. ↑
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (adoptado en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana [Cuba] del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Documento de las Naciones Unidas A/CONF.144/28/Rev.1 at 112; principio 24 ; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/31/66. 4 de febrero de 2016; párrafo 91; CIDH: Informe anual 2015. 17 de marzo de 2016. Capítulo IV-A; párrafo 233. ↑
Ízci contra Turquía. TEDH. Sentencia de 23 de julio de 2013; párrafo 74. Véase también Yaman contra Turquía. TEDH. Sentencia de 2 de noviembre de 2004; párrafo 55. ↑